En la Cumbre Antidrogas de Cartagena (Colombia) de febrero de 1990, los presidentes de Bolivia, Colombia, Perú y Estados Unidos acordaron realizar un ataque regional al tráfico de drogas. Sus gobiernos se calificaron así para recibir asistencia antidrogas de Estados Unidos. Después de asumir el cargo en julio de 1990, el presidente Alberto K. Fujimori propuso un esfuerzo antidrogas integral que incluía aplicación de la ley de narcóticos, reducción de la demanda, diplomacia pública y desarrollo económico. Sin embargo, el progreso en la organización de esta estrategia fue obstaculizado por rivalidades entre la policía y las fuerzas militares, así como por corrupción. Además, a finales de septiembre de 1990, Fujimori rechazó $35.9 millones en asistencia militar autorizada de Estados Unidos para el año fiscal 1990 después de que Estados Unidos no cumpliera sus preocupaciones sobre el enfoque militar de su estrategia antidrogas en Perú. Después de extensas conversaciones, Fujimori firmó el acuerdo general Perú-Estados Unidos sobre control de drogas y asistencia económica el 14 de mayo de 1991, estableciendo un entendimiento político al más alto nivel y sirviendo como marco para un programa coordinado e integral para desmantelar el tráfico de drogas en Perú con asistencia de Estados Unidos, otros países desarrollados y organizaciones internacionales. Aborda el rol de la policía y las fuerzas militares en actividades antidrogas, asistencia económica alternativa, sustitución de cultivos y acceso al establecimiento de economías legítimas en lugar del cultivo y procesamiento ilícito de hoja de coca en productos de cocaína.
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